Un comité internacional busca hoy devolver el estatus de asilado y garantizar la integridad del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, ante la falta de resolución del caso en la justicia local.

En declaraciones al diario El Universo, el coordinador de esa iniciativa, Sacha Llorenti, aseguró que Glas es un “rehén político” del gobierno de Daniel Noboa, a quien insta a permitir el ingreso a la cárcel de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar el estado de salud del exvicemandatario.

El Estado ecuatoriano tiene responsabilidades internacionalmente asumidas ante el sistema interamericano por haber ratificado el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, apuntó el exsecretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).

A juicio de Llorenti, el caso del político ecuatoriano “secuestrado” durante el asalto a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril, es comparable con el del fundador de Wikileaks Julian Assange, por las violaciones a sus derechos.

Reclamos del comité internacional en caso Glas

Entre las solicitudes de la comisión sobresalen la preservación de la integridad física y la vida de Jorge Glas, la devolución de su estatus de asilado, la facilidad de acceder a un salvoconducto y que el Gobierno de Ecuador permita el ingreso de una misión de la CIDH al centro penitenciario donde está detenido.

Llorenti también rechazó la reciente negativa de un habeas corpus solicitado por su abogada para trasladar a Glas a prisión domiciliaria, pese a que las condiciones en la cárcel de máxima seguridad La Roca no permiten una atención médica adecuada al reo.

Es una pena, pero aparentemente todas las posibilidades de resolver este tema en Ecuador se han cerrado por el control institucional que tiene el Gobierno.

El exvicepresidente, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en la nación suramericana, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.

Sin embargo, la medida fue revocada y a inicios de 2024 la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.

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