Encadenados de pies y manos, rapados, encorvados y vestidos de blanco, en fila o amontonados en el piso bajo la custodia de guardias con pasamontañas que cubren su rostro, son algunas de las imágenes impactantes que recorren las redes sociales como muestra del drama humano de los migrantes venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.

A mediados de marzo, dos meses después de asumir su segundo mandato, el presidente Donald Trump ordenó la deportación de 238 migrantes de ese país suramericano a la cárcel de máxima seguridad más grande de América Latina, tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo por el hecho de tener marcados su piel en señal de ser, según las autoridades estadounidenses, un supuesto miembro del Tren de Aragua.

Algunos de los tatuajes que según las autoridades de Estados Unidos portan los miembros de la banda venezolana el Tren de Aragua.

"Me preocupa que me agarren en la calle por tener tatuajes", dijo Antuan en una llamada telefónica desde Washington. "Es una pesadilla que te confundan con un delincuente solo por unos tatuajes".

Con miedo y zozobra, así viven hoy muchos venezolanos indocumentados en Estados Unidos, especialmente aquellos que por decisión propio o porque está de moda, alguna vez decidieron grabar en su cuerpo algún mensaje, dibujo, nombre o simplemente una fecha importante en su vida.

Pero, "lo más grave es que no se cumplan los procesos legales y las investigaciones judiciales porque se puede caer en violaciones del Estado de derecho", señaló a BBC Mundo la periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez.

De hecho, en los días posteriores al envío de los migrantes a El Salvador, los familiares de algunos de ellos denunciaron a los medios que los detuvieron simplemente por tener tatuajes y no porque tuvieran ninguna vinculación con esta banda del crimen organizado.

Familias en vilo

“Mi hijo no es delincuente, ni aquí, ni en ningún país”, así de categórico fue José Medina, quien en declaraciones a Prensa Latina contó el calvario que sufre desde el pasado 14 de febrero, cuando su hijo fue a renovar el permiso y lo dejaron retenido “porque ellos dijeron que tenía tres tatuajes y se los mostrara, él los expuso -dos estrellas y una corona- y desde ese momento lo vincularon con el Tren de Aragua”.

Padre de uno de los jóvenes venezolanos deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador porta un cartel que resume la condición de su hijo.

Narró que el día que Carlos José Medina, quien reside hace dos años en Estados Unidos, se presentó ante las autoridades migratorias, su esposa lo acompañaba y “le colocaron un aparato en el pie, no puede salir de su vivienda y ellos tienen una hija de siete años que tampoco puede salir, por lo que también le quitaron sus derechos”.

Medina contó que su hijo fue afectado por una infección respiratoria en Miami y gracias a la solidaridad recibió el tratamiento, pero está totalmente aislado, “no sé de él desde hace 20 días”, y con lágrimas en los ojos añadió:

Nosotros somos padres, no estamos pasando el trabajo que ellos están atravesando, pero estamos sufriendo mucho sentimentalmente, y saber de un hijo enfermo y no poder hacer nada, es como estar amarrado.

Del parole a las deportaciones

"Sinceramente, estoy pensando en irme de Estados Unidos", dijo Mario en una llamada de WhatsApp a su esposa Sofía, quien desde hace más de tres años espera reencontrarse con él por la vía del parole humanitario, un permiso de permanencia temporal concedido por Joe Biden para los migrantes procedentes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

A través de CBP One, aplicación habilitada en enero de 2023, los migrantes fuera de Estados Unidos podían gestionar sus trámites y citas con las autoridades migratorias. Sin embargo, fue desactivada tras la investidura de Trump y con esta acción, eliminados los registros de 940.000 personas, que en muchos casos vendieron todo en sus países de origen, como Mario y Sofía, para lograr “el sueño americano”.

Hasta el momento se desconoce si el actual Gobierno anulará los casos en curso, qué pasará con las personas que, como Sofía, esperan un permiso de viaje tras ser aprobado su trámite, o con las que aguardan la residencia permanente (Green Card) luego de su estadía de dos años como establecía este beneficio migratorio.

Lo único cierto es que el magnate, luego de su asunción como presidente el pasado 20 de enero, tal y como prometió en su campaña electoral, emprendió la operación de deportación masiva más grande de la historia, la cual podría afectar al menos a 11 millones de personas que viven en el país sin tener un estatus migratorio legal.

Declaró "emergencia nacional" en la frontera con México y el despliegue de fuerzas militares para custodiarla, incluso, derogó la ley que prohibía a los cuerpos de seguridad buscar a migrantes indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares considerados antes "sensibles" y exentos de redadas migratorias.

Por otra parte, en su discurso de investidura, dejó claro que sus duras políticas migratorias no solo están dirigidas contra los migrantes que llegan a la frontera sur, a veces en caravanas, sino también contra los inmigrantes sin estatus migratorio legal que ya viven en suelo estadounidense.

Ley de 1798 intenta sustentar deportaciones masivas

Y para ello se escuda en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 227 años de antigüedad, que le otorga a los presidentes la autoridad para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que su nación está en guerra.

"Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo", dijo Trump en su discurso inaugural.

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La normativa, invocada por Franklin Roosevelt para encarcelar a más de 30.000 alemanes, italianos y japoneses que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por considerarlos peligrosos, también autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración, dijo a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón.

A juicio del académico César Cuauhtémoc García, de la Universidad Estatal de Ohio, “hace un siglo se hablaba de los inmigrantes como una fuerza laboral que fortalecía la economía de un país, ahora vivimos tiempos que se trata a los inmigrantes como criminales. Y esa retórica, se ha ampliado bajo la influencia de Donald Trump en el Partido Republicano y, obviamente, en la oficina presidencial".

Esperanza y resiliencia

Aunque nació en México, Marta llegó a Estados Unidos con apenas 2 años en compañía de su madre. Ahora que tiene 22, sin posibilidad de regularizar su estatus migratorio, se pregunta si tendrá que decir adiós al país donde creció y se graduó en Ciencias Políticas y Religión, en medio de las deportaciones masivas ordenadas por el mandatario.

Madre e hija se abrazan en presencia de un agente de la guardia fronteriza en Estados Unidos.

Según Migration Policy Institute, la amenaza de deportación también afecta a este segmento que no dispone de "una vía automática para acceder a una residencia legal permanente", a través de un sistema migratorio que no ha sido reformado en casi cuatro décadas.

Cifras oficiales revelan que la mayoría de los indocumentados son mexicanos (43,6%), seguidos por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, mientras el 79% vive en Estados Unidos desde hace más de 12 años.

En muchos de estos casos, hay miembros de la familia que nacieron en el país, por lo que la deportación generaría una ruptura, con graves secuelas sicológicas y emocionales. Un estudio de la Universidad de California revela que los niños que experimentan la separación por deportación son un 60% más propensos a sufrir de ansiedad y depresión.

A pesar de la incertidumbre, la atmósfera de miedo y la decisión de no pocos a no salir de casa para ir al colegio o al trabajo por el temor de encontrarse con agentes de inmigración, Marta y su madre no están dispuestas a irse de Estados Unidos.

Para ello cuentan con cientos de activistas, voluntarios y abogados que trabajan incansablemente para construir redes de apoyo y para que los muros, que hoy dividen y corroen la esperanza, sean remplazados, algún día, por puentes que conecten a las familias, sin más lágrimas ni separaciones.