La confrontación entre los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) alcanza cada día nuevas cotas de destemplanza que profundizan la grieta al interior del progresismo boliviano y la crisis económica que afecta a todo el país.

La semana pasada, los simpatizantes del expresidente Evo Morales escalaron sus protestas de bloqueos carreteros a la invasión de cuarteles de las fuerzas armadas y la toma de uniformados como rehenes. Por su parte, el gobierno del actual mandatario, Luis Arce, ordenó desbloquear las vías mediante operativos policiales y militares que en algunos casos se tornaron violentos, en el transcurso de los cuales hubo al menos un centenar de detenidos.

De un lado, se culpa a los bloqueos por todos los problemas económicos que atraviesa el país, lo cual soslaya que la crisis viene de meses atrás y responde a múltiples factores. Al mismo tiempo, es un hecho que los cierres carreteros han exacerbado la escasez de alimentos y combustibles, lo que ha llevado a la parálisis a sectores que ya se encontraban afectados.

Las pérdidas económicas por los cortes viales que aislaron la provincia de Cochabamba durante 24 días se estiman en hasta 2 mil 100 millones de dólares, una cifra brutal en un país cuyo producto interno bruto asciende a 45 mil millones de dólares.

El choque también se ha judicializado con la orden de aprehensión contra Morales —hasta ahora no ejecutada— por presuntas agresiones sexuales y el arresto de varios de sus colaboradores cercanos, a quienes se acusa de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y terrorismo.

Si bien el miércoles los manifestantes evistas decidieron desalojar los caminos durante 72 horas para distender la situación, se mantienen inflexibles en que no habrá diálogo con las autoridades en tanto no se desechen las causas penales y se abra la vía a la candidatura presidencial de Morales en 2025. Esta misma intransigencia emana de la Casa Grande del Pueblo (residencia del jefe de Estado), pues Arce condiciona cualquier conversación al cese de las movilizaciones a favor de su otrora amigo.

El resultado de estos desencuentros es que hoy el conflicto se encamina, si no es que ya llegó, a un punto sin retorno, en el que las desavenencias terminarán por destruir las carreras de ambos dirigentes y, lo que es mucho más grave, el proyecto de nación que ambos ayudaron a construir desde inicios de siglo.

En esta coyuntura, lo mejor que pueden hacer los verdaderos amigos de Bolivia es tomar partido por la restauración de la unidad, por muy difícil que parezca dicha tarea: solo la reconciliación puede salvar los logros de un proceso revolucionario que acabó con tres siglos de dominio criollo, hizo realidad los derechos sociales y políticos de la mayoría indígena, ganó para el país una soberanía que siempre se le negó y mejoró de modo incuestionable la calidad de vida de las clases populares y medias.

Si Evo y Lucho fracasan en resolver sus diferencias y deponer su enemistad, los únicos beneficiarios serán Washington y las derechas racistas que nunca han renunciado a volver al poder —incluso por la vía de la violencia, como ya demostraron en el golpe de Estado de 2019— y en constantes intentos de desestabilización.

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