A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Venezuela se encuentra en estado de paz y calma relativos, no obstante los intentos desestabilizadores de Estados Unidos, responsable último del sabotaje realizado el 30 de agosto en contubernio con agentes locales de la extrema derecha, contra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), que pretendía inutilizarla de manera permanente y dejar sin electricidad vastas zonas del país, incluida Caracas, la capital.

Ubicado en el estado Bolívar, el embalse de Guri es la principal fuente eléctrica en Venezuela. Dicha infraestructura sufrió una combinación de ataques electromagnéticos y cibernéticos en 2019, en el marco de la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” del país (sin ningún conteo de actas), dejando sin el servicio a 80 por ciento del territorio nacional durante varios días.

Como parte de una guerra asimétrica sin reglas ni campo de batalla, el ataque criminal al Guri −el mayor registrado en la historia contra esa central hidroeléctrica− forma parte de las acciones encubiertas de Washington, concebidas como una estrategia más amplia que se despliega en múltiples frentes contra Venezuela.

Uno de esos frentes, denunció el 28 de agosto el embajador Samuel Moncada, representante venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue la acción encubierta de Estados Unidos en el sistema electoral “como técnica del golpe de Estado en 2024”.

Durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional local, Moncada dijo que junto con otras medidas coercitivas abiertas y públicas, la acción encubierta de Washington el día de los comicios buscaba no solo frustrar y desestabilizar el proceso electoral, sino también “derrocar” al Consejo Nacional Electoral.

Propia de la guerra cibernética, la intervención de Washington en los comicios venezolanos incluyó dos aspectos claves de las operaciones secretas, que según la Directiva 10/2 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (establecida en 1948), se caracterizan por su planificación y ejecución diseñadas para ocultar la identidad del patrocinador o permitir una negación plausible de su participación: la injerencia y la subversión.

La injerencia extranjera se define como la intromisión de un país en los asuntos de otro, generalmente sin autorización y con la intención de desestabilizarlo o dominarlo. En tanto que la subversión se refiere al intento de derrocar estructuras de autoridad de un gobierno o Estado −el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela en el caso de marras−, a través de la erosión de las bases institucionales y al margen de la Constitución del país, y la creación de conflictos sociales.

Cuando la acción subversiva se ejecuta contra un gobierno −como el de Nicolás Maduro ahora−, su intención es ayudar con asesoría, financiamiento y apoyo político y moral desde el exterior, a grupos, organizaciones y partidos políticos e individuos, y promover su derrocamiento con acciones urbanas violentas y destructivas, como las protagonizadas el 28 de julio y los dos días siguientes a los comicios con la excusa del “fraude”, por bandas paramilitares neofascistas al servicio de María Corina Machado y su testaferro, Edmundo González.

Según Moncada, la operación contra el CNE para favorecer a Machado y la ultraderecha vernácula fue financiada por la Agencia de Estados Unidos para el D